La Fiscalía pide entre tres y seis años a Bugalho en un caso lleno de sombras

via DIAGONAL

El 16 de enero, Laura Bugalho comparecerá en el juzgado número 1 de Compostela acusada de falsedad documental continuada de documentos públicos, por lo que se puede enfrentar a una pena de entre tres y seis años de prisión. La denuncia parte del Grupo Operativo de Extranjería de la Policía Nacional que dice haber encontrado, entre la documentación aportada para la regularización de cuatro personas, documentos públicos falseados relativos a trámites que apoyan sus solicitudes, como padrones o analíticas médicas.

Bugalho es una reconocida activista que, además, se dedica profesionalmente a apoyar y asesorar a personas migrantes que acuden al Departamento de Migración del sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG). Su historial militante pasa por haber sido la cara visible del movimiento trans galego, feminista, independentista, de defensa de los derechos de las personas presas y de aquellas presas políticas vinculadas a la soberanía de los pueblos, especialmente gallego y vasco. A causa de esta trayectoria, Bugalho recibe ahora el apoyo de cientos de colectivos y miles de personas que, a nivel internacional, piden que su causa sea desestimada judicialmente, ya que consideran que este proceso es una venganza por toda esta trayectoria y concretamente por haber ayudado a destapar la trama mafiosa que operaba en Galicia en connivencia con parte del empresariado y agentes de policía.

‘Operación Peregrino’

Laura Bugalho ayudó a destapar en 2009 un entramado que desembocó en la denominada Operación Peregrino, que investigó la llegada de 57 personas de origen marroquí, traídas al Estado bajo promesa de un empleo previo pago de cerca de diez mil euros, tal y como contó uno de los implicados, Rabia Dahmani, al periódico Novas da Galiza en 2010. Tras ser abandonados literalmente durante un mes en Andalucía, fueron reclamados por diferentes empresas del metal galego para trabajar por menos de la mitad del sueldo que figuraba en sus nóminas. En esta trama, además del empresariado estaba implicado un trabajador del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros de CC OO y, según sostiene Laura Bugalho, también alguien de Extranjería de la comisaría de Compostela, ya que, según ella misma cuenta, el propio jefe del Grupo Operativo de Extranjería le dijo textualmente “esto es una vendetta” en el momento de su detención en mayo de 2009, días después de destapar la trama durante el transcurso de una manifestación de Panteras Rosa Galiza en Compostela.

Desde ese momento, Bugalho denuncia públicamente a la mafia empresarial y policial, y comienza a sufrir un acoso continuado por parte de la Policía. La propia Bugalho sostiene que ese cuerpo está detrás del asalto que sufrió su vivienda el 21 de mayo de ese mismo año, que denunció a la Guardia Civil, que tardó más de dos horas en llegar a su domicilio alegando que se habían perdido. Días después, varios policías le informan de que está siendo vigilada por haber denunciado los casos de trata, ella les informa del asalto a su domicilio y los policías no desmienten su posible vinculación con este hecho.

Sólo una semana después la policía irrumpió en su despacho de la CIG, confiscó su ordenador y la detuvo durante 48 horas en el transcurso de las cuales Bugalho, refiere haber sufrido vejaciones relacionadas con su condición de mujer trans y galego hablante. Laura confirma sus sospechas cuando el comisario jefe se dirige a ella con un “por fin te cogí, Laura”.

Irregularidades durante el proceso

Durante el proceso que comienza en el momento en que Bugalho pasa a disposición judicial, tres personas migrantes comparecen delante del juez. A pesar de ir en calidad de testigos, estas personas van esposadas y reciben instrucciones por parte de los agentes como “recordad lo que ayer acordamos, tenéis que denunciar a Laura Bugalho”, según cuentan personas que acudieron a apoyar a la acusada y que escucharon en la sala de testigos estas palabras. Del ordenador del despacho de la CIG fueron extraídos los datos de 15 personas que fueron citadas sin
orden judicial y amenazadas con quedarse sin papeles o recibir órdenes de expulsión. Tres de las ocho que asistieron afirman que no les fue permitido leer su propio testimonio y que se les obligó a firmarlo. Las últimas novedades del proceso son que ocho de las personas que acudían como testigos de la Policía sin autorización judicial han pasado a ser imputadas en el caso, lo que sus abogados denuncian como un ataque más abusando de la vulnerabilidad de su situación en el país.

Solidaridad de los movimientos sociales

La propia Bugalho asume este proceso como un ataque personal a su trayectoria como activista en defensa de los derechos humanos. Entre las muestras de apoyo hay en marcha una recogida de firmas a través de la plataforma change.org y numerosas movilizaciones que tuvieron lugar en diferentes momentos del proceso. En 2011 le fue concedido el premio Nicolás Salmerón, en la categoría de Liberdades sexuais. El 3 de enero de 2013 también fue convocada una manifestación en Bilbao y se prevén respuestas desde los diferentes movimientos sociales en Galiza, como expone Rubém Centeno, activista social: “La detención de Laura en 2009 levantó una ola de solidaridad impresionante. Laura Bugalho tiene una importancia especial para el activismo gallego: ella mejor que nadie encarna el cruce de subjetividades del que nacen las políticas queer: trans, feminista, gallega e independentista. Todo esto, junto con su incansable labor en el apoyo a las personas sin papeles desde el área de migración de la CIG ha hecho de ella una referencia no sólo en Galiza: Laura Bugalho es hoy en día una referencia fundamental del movimiento trans internacional más activo. El juicio contra Laura es un juicio contra todas nosotras”.